Por:
Vinicio Castillo
El
Procurador General de la República y aspirante presidencial a la nominación del
PLD en la pasada campaña electoral, ha anunciado el sometimiento por Desfalco y
Asociación de Malhechores de Elías Wessin Chávez, presidente del Partido
Quisqueyano Demócrata Popular, partido aliado al PLD desde hace muchos años e
integrante del Bloque Progresista.
El
Dr. Domínguez Brito, no sólo se limitó al sometimiento de Eliíta Wessin Chávez
sino que anunció la absurda petición de prisión preventiva contra éste, lo que
demuestra claramente que la intención no es esclarecer los hechos imputados en
un juicio libre e imparcial, sino hacer política con expedientes de corrupción
de cara al año 2016, alimentando un enfermizo morbo popular que se genera
viendo a gente importante de la política ir camino a Najayo.
El
Procurador sabe perfectamente que Elías Wessin Chávez no tiene peligro de fuga
y conoce el Artículo 234 del Código Procesal Penal: “Prisión preventiva. Además de las
circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de
coerción, la prisión preventiva sólo es aplicable cuando no pueda evitarse
razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de
aquellas que resulten menos gravosas para su persona.”
La
intención, sin embargo, de querer vejar a un líder político importante del país
aliado al PLD y especialmente al Dr. Leonel Fernández, tiene como meta la
obsesión del Procurador de usar esa posición para hacer campaña en la llamada
sociedad civil y en aquellos sectores enemigos del PLD que vencimos el 20 de
mayo, y sobre todo granjearse el apoyo de la vasta maquinaria de comunicación
vinculada al PPH, que gozosa lo promueve como un Caballo de Troya dentro del
PLD y el Bloque Progresista, para afectar gravemente la vital unidad entre
Leonel Fernández y Danilo Medina.
El
gran problema de credibilidad de la supuesta lucha contra la corrupción que
lleva a cabo el procurador es que es tuerta y selectiva, puesto que tiene a su disposición
las 37 auditorías del gobierno de Hipólito Mejía, a las cuales se refirió el
hoy Presidente Danilo Medina cuando era Secretario de la Presidencia en el año
2005, con la expresión de que “eran tan graves que si el pueblo las conocía se
caería para atrás.”
Esas
auditorías están en la Contraloría General de la República y en la Cámara de
Cuentas, ante la pasmosa indiferencia del Procurador Domínguez Brito. Igualmente, la complicidad de ese gobierno
2000-2004 con Quirino Paulino Castillo y su banda de narcotraficantes, está
plenamente documentada para abrir procesos penales importantes.
La
construcción de la Villa de Jarabacoa y de San Cristóbal del exPresidente
Mejía, contrastada con su declaración jurada de bienes al entrar en el año 2000
y al salir en el 2004, están a la vista del Procurador Domínguez Brito, como lo
estuvieron cuando él fue Procurador General a partir del 16 de agosto del 2004,
sin hacer absolutamente nada para perseguir el gobierno más corrupto que
recuerde nuestra historia.
Lo
que hay en curso es una persecución selectiva y politiquera contra el gobierno
de Leonel Fernández y el entorno de éste, bajo la premisa de descarrilar su muy
probable candidatura presidencial para el año 2016, tal y como responsablemente
lo denuncié a raíz del sometimiento que se le hiciera al Senador Félix
Bautista.
Que
nadie se deje engañar con falsos discursejos y retórica moralista, detrás de
estos procesos. Lo que hay detrás es
política electoral, un enfermizo protagonismo y querer usar de trampolín la
Procuraduría General de la República para competir por la candidatura
presidencial del año 2016, con mejor suerte que la recién pasada contienda,
donde Domínguez Brito quedó en un lejano tercer lugar detrás de José Tomás
Pérez en el PLD.
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