Durante años el mundo ha sido testigo del gran problema que constituye la corrupción administrativa, diversas situaciones por la que han tenido que atravesar distintos países del mundo, que al amparo de sistemas de gobiernos democráticos, los cuales permiten que el pueblo confié la administración del Estado a un grupo, estos asumiendo un criterio equivocado de una democracia real, han hecho del Estado una vaca lechera a su servicio, en detrimento de las grandes mayorías nacionales, provocando acciones de fuerzas que han arrojados resultados lamentables, instaurándose gobiernos totalitarios, con igual o peor resultado que lo anterior. Todo esto, en razón de las graves consecuencias que ha generado el problema de la corrupción administrativa, durante décadas en nuestros países.
De esta situación descrita anteriormente, indica entonces que como nación con una larga historia de gobiernos democráticos y dictatoriales, no podemos ser la excepción, pues unas veces confiada por el pueblo, por medio de procesos electorales y otras por la aplicación de la fuerza, hemos tenido hombres y mujeres dirigiendo diversas instituciones del Estado, muchos de los cuales a lo largo de nuestra historia, han originados hechos vergonzosos contra el erario público, provocando pérdidas incalculables tanto en su valor monetario, legal y moral.
Por décadas, el delito de la corrupción administrativa en República Dominicana nos atosiga y persigue, políticos inescrupulosos a los que el pueblo les ha permitido gobernar a favor de todos, lo han hecho para favorecer a amigos, familiares y allegados. En esta parte de esta serie de artículos titulado ¨ LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS INSTITUCIONES¨ daremos algunos ejemplos de acontecimientos históricos,, que nos permite desde nuestro punto de vista, asumir que el nacimiento de la corrupción administrativa en república dominicana, se produce a raíz de la llegada de los española a la isla.
Época colonial
El problema de la corrupción administrativa no es un asunto reciente, desde mi punto de vista el delito contra el erario público viene desde la época de la colonia, es innegable que la partida de Cristóbal Colon desde España en busca de descubrir un nuevo mundo, tenía un elemento esencial que era la expropiación de lo encontrado, en buen dominicano y por lo que dicen nuestras leyes hoy, la intención del descubrimiento no era más que un vulgar robo. Esto sin desmeritar lo que algunos historiadores pudieran decir sobre los aportes positivos o negativos del descubrimiento.
Enfocando el descubrimiento desde mi óptica personal como el inicio de la corrupción administrativa en toda América Latina, bien puedo decir que este delito conto con padrinos de gran influencia de la época y por otra parte con la confesión de documentos históricos, que le dieron legalidad a ese robo vulgar, citamos:
La bula de la iglesia católica de la época.
En la época colonial, la iglesia católica constituía uno de los principales poderes en muchas naciones del mundo y quizás donde mas incidencia tenia era el aspecto inmobiliario, específicamente en lo que tiene que ver con terrenos. Esto fue la base para que el Papa Alejandro VI, evacuara la famosa Bula, donde el papado cedía las tierras que fueran descubiertas a la Corona Española. Ósea en otras palabras coge todo lo que no es tuyo, solo ve y ubícalo.
De manera legal la iglesia no tenía autoridad para entregar estas tierras, pero si poseía una autoridad espiritual y religiosa, y el sistema de la época le permitía esta autoridad, bajo la premisa de que la tierra y todo lo existente fue hecho por Dios, y ellos por ser representante de Altísimo, podían repartirlas.
Encomienda y las Reales Cedulas.
Esta constituyó la primera institución jurídica del Nuevo Mundo, pero también el primer acto de corrupción administrativa de manera local. El nacimiento se produce el 20 de diciembre de 1496 por medio de la Real Cedula, su finalidad era repartir de manera más racional las tierras y los indios a los españoles. Además legalmente los Españoles encomenderos podían cobrar los tributos que cada indio mayor de edad debía de pagar, les otorgaba el derecho de ponerlo a trabajar en la labranza y demás servicios personales.
Por eso decimos que esto era un acto de corrupción, pues ellos (los españoles) no tenían ningún derecho de repartir lo que no era de su propiedad, además que esto degenero en un negocio, que beneficiaba a través del tráfico de influencias a funcionarios de la época. Podemos confirmarlo al citar un párrafo del libro ¨Tratado de Derecho Inmobiliario¨, Tercera Edición, de la autoría del Dr. Rafael Ciprian, que en la página 142 sobre el tema de la Encomienda y las Reales Cedulas dice: ¨El Gobernador los Nobles y los Curas recibían las mejores partes de esos repartimientos. Ellos buscaban riquezas en el Nuevo Mundo, y para obtenerlas poco les importaba los métodos que empleaban¨
El Repartimiento de Alburquerque en 1514.
La esfera corrupta que propicio el manejo burdo y abusador de la famosa Encomienda y la Real Cedula, creo un desastre de marca mayor, que la Corona envía al Juez Alburquerque con la intención de hacer un levantamiento, para poder revocar algunas encomiendas y realizar otras, en fin buscar posible solución a la debacle existente en el momento.
Desde mi óptica, estamos frente a la misma corrupción administrativa del momento, solo que ahora su mayor intensidad es realizada a favor de un grupo más reducido, si podemos a preciar cual fue el resultado del Repartimiento de Alburquerque, el mismo arroja el resultado siguiente:
El censo arrojo un resultado de 25,303 indios en encomienda, los cuales fueron reubicados, en manos de 733 encomenderos, el 46% fueron repartidos entre el Rey, los miembros de su Consejo Privado y la nueva Elite Colonial, en pocas palabras una corrupción privilegiada.
Como podemos observar los primeros casos de corrupción administrativa, se producen precisamente desde la época colonial, lo que nos indica que es aquí donde verdaderamente se inicia este germen putrefacto, que todavía sigue socavando las instituciones de la nación.
En mi próximo articulo, abordare algunos hechos de corrupción Administrativa, sancionados moralmente, dado a que han sido conocido de manera publica, sin embargo judicialmente no existe ninguna condena.
Pedro Cosma
Miembro del comité Político y
Presidente del distrito Nacional
Del PQDC
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